Más de 25 años a su servicio

Cantó Abogados es un Despacho creado por el letrado ALBERTO CANTÓ NOGUERA,
colegiado nº 6542 del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia con más de 25 años de experiencia.

Profesionales para ofrecerle soluciones

A través de nuestro despacho, facilitamos a nuestros clientes soluciones a aquellas cuestiones
jurídicas puntuales o respuestas para las empresas o los particulares tanto en el ámbito
extrajudicial (contratos, transacciones, negociaciones) como en el judicial (iniciación de acciones
en los diferentes órdenes jurisdiccionales).

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Artículos de interés

RECLAMACIÓN DE GASTOS HIPOTECARIOS

RECLAMACIÓN DE GASTOS HIPOTECARIOS

 
En España y en otros países europeos las entidades bancarias obligaban a sus clientes a pagar los gastos de formalización de la hipoteca cuando firmaban un préstamo hipotecario. Estos gastos se incluían en una cláusula a la que el cliente se adhería, sin posibilidad de negociarla individualmente con la entidad.
El 23 de diciembre de 2015 se publicó una Sentencia del Tribunal Supremo que declaró la nulidad de esta cláusula por considerarla abusiva. Después, la Sentencia del TS de 23 de enero de 2019 declaró qué gastos de formalización pueden reclamarse y en qué proporción.
Actualmente, se puede reclamar:

Gastos de notaría: derecho al reembolso del 50% de lo pagado, porque la normativa notarial habla de “interesados” en general y ello se interpreta en el sentido de que ambas partes están interesadas.
Gastos del Registro de la Propiedad: derecho al 100% de lo pagado. La normativa que regula esta cuestión dispone que deben cargar con los gastos aquellos a cuyo favor se inscriba el derecho y, la garantía hipotecaria se inscribe a favor del banco prestamista.
Gastos de gestoría: derecho al 100%. La Sentencia de 16 de julio de 2020 del TJUE declaró que debe hacer frente a este pago el prestamista porque es quien impone a la otra parte del contrato el profesional que gestionará la relación contractual.
Gastos de tasación: derecho al 100%. A través de la STS de 27 de enero de 2021, nº 35/2021, acomodándose a la STJUE de 16/07/2020 el TS acordó que los gastos de tasación deberán ser abonados en su integridad por la entidad prestamista.

 
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
En cuanto al plazo de prescripción diferenciamos entre dos acciones:

La acción declarativa de nulidad de la cláusula. Se trata de una acción imprescriptible.
La acción de restitución de las cantidades indebidamente pagadas. Los Tribunales españoles abogan por declarar que el plazo es de 5 años en virtud de la acción personal desde el momento en que se abonaron los gastos de formalización del préstamo hipotecario, aunque sigue siendo una cuestión controvertida y está pendiente de resolverse por el TS y el TJUE cuando debe empezar a contar el plazo.

 
Además, consideramos conveniente reclamar de forma extrajudicial a la entidad bancaria, porque a través de dicha reclamación se interrumpe el plazo de prescripción y en caso de que el banco no esté dispuesto a intentar llegar a un acuerdo extrajudicial deberá hacer frente al pago de las costas procesales del proceso judicial que se inicie después.
En conclusión, sabiendo qué partidas de los gastos de formalización del préstamo hipotecario pueden reclamarse y cuál es el plazo del que se dispone para ello, desde Cantó Abogados recomendamos que se pongan en contacto con nuestro despacho para asegurar que podrá recuperar su dinero.

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PENSIÓN COMPENSATORIA E INDEMNIZACIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA AL HOGAR Y A LA FAMILIA

PENSIÓN COMPENSATORIA E INDEMNIZACIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA AL HOGAR Y A LA FAMILIA

 
Pensión compensatoria.
La pensión compensatoria está regulada en el artículo 97 del Código Civil español. Se trata de una prestación económica a la que tiene derecho uno de los cónyuges cuando, tras la ruptura matrimonial, se encuentra ante una situación de desequilibrio económico en comparación con la situación en la que se encontraba dentro del matrimonio, esto es, cuando su situación económica se haya visto perjudicada por la separación o divorcio.
Los requisitos para poder optar a esta prestación son los siguientes:
- Que la ruptura del matrimonio haya supuesto un desequilibrio económico para el cónyuge que solicita la pensión compensatoria, lo que conlleva que su situación económica actual sea peor que la que tenía dentro del matrimonio.
- Que el desequilibrio haya afectado solo al cónyuge solicitante, pues si ha afectado a los dos cónyuges no tendrá sentido su solicitud al encontrarse ambos en situación de igualdad.
- Que el cónyuge solicitante de la pensión compensatoria no disponga de ingresos propios ni de bienes con los que poder sustentarse.  
Respecto a la cuantificación del importe de la pensión hay que atender al acuerdo al que hayan llegado los cónyuges. Si no se llega a un acuerdo será el Juez quien deberá establecer dicha cuantificación. Para ello, el artículo 97 del Código Civil expone hasta nueve mecanismos entre los cuales el juez podrá escoger el más conveniente:
     -Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges.     -La edad y el estado de salud.     -La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo.     -La dedicación pasada y futura a la familia.     -La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge.     -La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal.     -La pérdida eventual de un derecho de pensión.     -El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge.     -Cualquier otra circunstancia relevante.
 
Indemnización por la dedicación exclusiva al hogar y a la familia cuando el matrimonio se rige por el régimen de separación de bienes.
Regulada en el artículo 1438 del Código Civil español, esta indemnización puede solicitarla un cónyuge al otro cuando se pone fin a un matrimonio regido por el régimen legal de separación de bienes y el solicitante se ha dedicado de forma exclusiva a las tareas domésticas y al cuidado y mantenimiento de los hijos y de la casa.
Esta indemnización tiene como fundamento la compensación por haber renunciado a desempeñar funciones externas al cuidado del hogar, ello en beneficio de la familia. Sin embargo, para poder obtener esta indemnización es necesario cumplir unos requisitos básicos:
- Que el cónyuge que solicita la indemnización se haya dedicado íntegra y exclusivamente a las cargas domésticas. Así, una persona que compatibilice el mantenimiento del hogar con otro oficio sea este a tiempo parcial o completo, no tendrá derecho a tal indemnización. Encontramos alguna excepción como, por ejemplo, “que se colabore en actividades profesionales o negocios familiares, en condiciones laborales precarias”, como ocurre en el caso expuesto en la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 2017.
- Que el régimen que haya regido la relación matrimonial sea el de separación de bienes, no siendo posible solicitar esta indemnización si se optó por otro régimen diferente, como puede ser el de gananciales.
 
Es irrelevante que el cónyuge que solicita la indemnización haya contado con la ayuda de terceros para realizar dichas labores. Por ejemplo, el TS en la Sentencia número 4897/2015 estima la petición de esta indemnización a uno de los cónyuges en una familia que contaba con servicio doméstico e incluso chofer. Así, lo importante es que la dedicación al hogar sea exclusiva, sin importar la capacidad económica y el estatus que se disfruten.
En cuanto a cómo cuantificar la indemnización, establece el Tribunal Supremo que una opción posible sería el equivalente al salario mínimo interprofesional o la equiparación del trabajo con el sueldo que cobraría por llevarlo a cabo una tercera persona. La ventaja de establecer la cuantificación mediante estos dos parámetros supone que son opciones bastante objetivas. Por su parte, el inconveniente, como establece el TS es que “en la práctica pueda resultar insuficiente en cuanto se niega al acreedor alguno de los beneficios propios de los asalariados que revierten en el beneficio económico para el cónyuge deudor y se ignora la cualificación profesional de quien resulta beneficiado”.
 
Similitudes y diferencias entre ambas prestaciones.
Tanto la pensión compensatoria como la indemnización en separación de bienes son prestaciones económicas a las que puede tener derecho uno de los cónyuges tras la separación o divorcio, cuando se decide poner fin al matrimonio.
En cuanto a las diferencias, por un lado, cada una de ellas tiene unos requisitos específicos que el solicitante debe cumplir. Por otro lado, la cuantificación de ambas también es diferente. Y, por último y lo más importante, que a la pensión compensatoria se tiene derecho independientemente del régimen matrimonial que haya regido el matrimonio, mientras que a la indemnización solo se tendrá derecho siempre y cuando el matrimonio se hubiese regido por la separación de bienes.
Por último, conviene señalar que ambas prestaciones son compatibles entre sí, lo que significa que una persona que cumpla los requisitos de las dos puede solicitarlas y tener derecho a percibir tanto la pensión como la indemnización.

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¿CUÁNDO FINALIZA EL PLAZO PARA RECLAMAR LAS ACCIONES DE BANCO POPULAR?

¿CUÁNDO FINALIZA EL PLAZO PARA RECLAMAR LAS ACCIONES DE BANCO POPULAR?

 
En el último año han aparecido muchas publicaciones en medios de comunicación informando que el plazo para reclamar la inversión realizada en la adquisición de acciones de Banco Popular finalizó el pasado 28 de agosto de 2020.
La citada información no es totalmente exacta hay que diferenciar según el mercado en el que se adquirieron las acciones y la acción judicial que se vaya a plantear.
 
Acciones adquiridas en el mercado secundario.
El 28 de agosto de 2020 prescribió el plazo para reclamar las acciones adquiridas en el mercado secundario, es decir, no adquiridas directamente de la entidad bancaria, pero únicamente respecto a la acción judicial de responsabilidad por el contenido falseado del folleto de la emisión conforme a la Ley de Mercado de Valores.
Al tratarse de un plazo de prescripción los accionistas que hayan reclamado por la vía extrajudicial antes del 28 de agosto de 2020 habrán interrumpido el plazo de prescripción de 3 años y por tanto, dependiendo de la fecha en la que se reclamó es posible que sigan en plazo.
Para los accionistas que adquirieron las acciones a través del mercado secundario y no hayan interrumpido el plazo de prescripción no está todo perdido. A este colectivo les queda la posibilidad de reclamar por la vía de la acción de daños y perjuicios del artículo 1.101 del Código Civil, que establece un mayor plazo de prescripción de 5 años desde la resolución de la entidad el 7 de junio de 2017, a lo que además hay que añadir 82 días por la prorroga del coronavirus, por tanto, el plazo finalizará por la acción de daños y perjuicios el 28 de agosto de 2022.
 
Acciones adquiridas en las ampliaciones de Capital de Banco Popular y el mercado primario.
Si las acciones fueron adquiridas directamente en la entidad Banco Popular a través de la ampliación de capital de 2016 el plazo de reclamación no ha finalizado.
Las acciones de la entidad adquiridas por esta vía se reclamarán a través de la acción de nulidad de la adquisición por error de vicio en el consentimiento el cual tiene establecido un plazo de caducidad de 4 años desde la resolución de la entidad. Por tanto, teniendo en cuenta la prorroga del coronavirus el plazo finalizará el 28 de agosto de 2021. Al tratarse de un plazo de caducidad éste no podrá ser interrumpido a través de la reclamación extrajudicial.
¿Qué pasa si no reclamo antes del 28 de agosto de 2021? Aún quedaría la posibilidad de reclamar por la vía de los daños y perjuicios tal como se ha explicado anteriormente esta acción tiene un plazo de 5 años y finalizará el 28 de agosto de 2022.
 
No deje que transcurra el plazo y póngase en contacto con Cantó Abogados para recuperar la inversión realizada en la compra de acciones de Banco Popular.
 
 

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LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD. COMO CANCELAR TUS DEUDAS PARA INICIAR UNA NUEVA ETAPA EN TU VIDA.

LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD. COMO CANCELAR TUS DEUDAS PARA INICIAR UNA NUEVA ETAPA EN TU VIDA.

 
CANTÓ ABOGADOS pone a su disposición el mecanismo legal de la LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD
 
¿De qué se trata?
El procedimiento de Segunda oportunidad es un mecanismo dirigido tanto a particulares como autónomos que no pueden pagar sus deudas y que consiguen cancelar sus deudas mediante la negociación de nuevas condiciones con los acreedores.
El B.O.E lo define como “permitir que aquél que lo ha perdido todo por haber liquidado la totalidad de su patrimonio en beneficio de sus acreedores, pueda verse liberado de la mayor parte de las deudas pendientes tras la referida liquidación”.
 
¿Quién puede solicitarlo? Pueden acogerse a esta herramienta los particulares, autónomos, familias, así como las pequeñas empresas de menos de 50 trabajadores. La deuda ha de ser inferior a 5 millones de euros y se requiere que el deudor no haya sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio.
 
¿Cómo funciona? Existen dos fases que se sigue una en defecto de la otra, es decir, el llamado acuerdo extrajudicial de pagos y en caso de no conseguirse éste se inicia el concurso consecutivo con la posibilidad de no pagar las deudas pendientes o lo que viene a llamarse el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho.
Para ello CANTÓ ABOGADOS estudiará los documentos y antecedentes del caso e iniciará el proceso solicitando el nombramiento de mediador concursal para dar entrada al llamado ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE PAGOS.
Tal proceso se inicia ante notario cuando el solicitante es persona física o ante el registro mercantil cuando es una sociedad mercantil.
La principal ventaja es que, a partir de ese momento, ya no se pueden seguir las reclamaciones de cantidad ni practicar embargos contra el deudor, ni recibir llamadas ni escritos de los acreedores reclamando las deudas.
El mediador concursal y con una antelación de 20 días naturales a la reunión que se ha de celebrar, remitirá a los acreedores con el consentimiento del deudor y asesorado por CANTÓ ABOGADOS, un plan de pagos de los créditos pendientes a la fecha del inicio del expediente. El citado plan se somete a votación por parte de los acreedores y si se consigue el acuerdo los créditos quedarían remitidos y aplazados conforme a las condiciones pactadas.
 
¿Qué pasa si no hay acuerdo?
Pues en este caso entra en funcionamiento la segunda fase que viene a llamarse el concurso consecutivo o beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho.
En el caso del Concurso consecutivo se trataría de llegar al pago de las deudas mediante la liquidación de los bienes propiedad del deudor.
Lo habitual es que el valor de los bienes no alcance el importe de las deudas y por lo tanto el deudor continúa en estado de insolvencia.
Pues aquí es donde entra en funcionamiento la parte más trascendental de la ley de la segunda oportunidad. La posibilidad de liquidar las deudas, aunque el patrimonio resulte insuficiente. Para ello se deberá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho ante el Juez del concurso.
 
¿Qué deudas se pueden cancelar?
En principio todas, excepto deudas por alimentos con familiares.
Las hipotecas se pueden cancelar con la dación en pago siendo una de las principales novedades de la citada ley.
 
¿En definitiva que ventajas ofrece la tramitación del procedimiento de la segunda oportunidad?
En resumen, las ventajas que ofrece son las siguientes:
- El deudor podrá continuar con su actividad laboral, empresarial o profesional.
- No podrán iniciar procedimientos en reclamación de cantidad ni continuar ejecución judicial o extrajudicial alguna sobre el patrimonio del deudor ni siquiera recibir llamadas del acreedor o empresa de morosos.
- Se paraliza el proceso de desahucio.
- Se suspenderá el devengo de intereses sobre los importes adeudados, salvo en las garantías hipotecarias.
- Se podrá reducir la deuda en determinados casos.
- Ampliación de plazos. Hasta 5 años más de plazo para poder reintegrar las deudas.
- Levantamiento de ejecuciones judiciales.
- Liberación y condonación de algunas de las deudas.
 
Para ello, es conveniente contar con un adecuado asesoramiento legal y experto en derecho concursal que le ayude a conseguir el mayor éxito posible en la tramitación del procedimiento. Para ello cuente con la ayuda de CANTÓ ABOGADOS.

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