Sentencias

Cantó Abogados ha conseguido que la Audiencia Provincial de Valencia declare desleal la conducta de un consultor que, tras analizar a fondo el negocio de nuestra clienta, constituyó una sociedad dedicada exactamente a la misma actividad. La sentencia es ya firme, después de que el Tribunal Supremo inadmitiera el recurso de casación presentado por la parte contraria.
¿Qué había ocurrido?
Nuestra clienta, una empresa valenciana del sector agroalimentario, había desarrollado durante años una línea de productos vegetales gourmet dirigidos a la hostelería, con una evolución creciente y favorable.
Para dar el salto a los mercados internacionales se acogió a un programa público de apoyo a la internacionalización. Dentro de ese programa se le asignó un consultor, que quedaba sujeto a un código de conducta con obligaciones de confidencialidad y de abstención en caso de conflicto de intereses.
Para hacer su trabajo, el consultor accedió al modelo de negocio de la empresa, sus clientes, su estructura de costes, sus fortalezas y sus debilidades. Poco tiempo después de terminar la consultoría, constituyó junto con el antiguo comercial de nuestra clienta y otro socio una sociedad que fabricaba y vendía el mismo producto, a los mismos clientes y a precios más bajos. Como consecuencia, nuestra clienta perdió a uno de sus clientes habituales.
Primera instancia
El Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Valencia desestimó la demanda. Entendió que no existía ningún secreto empresarial que proteger, porque las técnicas de cultivo eran conocidas y la empresa no tenía patentes ni pactos de confidencialidad con sus trabajadores.
El recurso de apelación
Desde Cantó Abogados recurrimos la sentencia. Explicamos que nuestra acción no se basaba en la violación de secretos, sino en la cláusula general del artículo 4.1 de la Ley de Competencia Desleal, que considera desleal cualquier comportamiento objetivamente contrario a la buena fe.
La Audiencia Provincial nos dio la razón y consideró que la valoración de la prueba en primera instancia estaba desenfocada. Según el tribunal:

El consultor conocía las interioridades del negocio gracias a una relación de confianza protegida por la confidencialidad.
Aprovechó en beneficio propio y de terceros la oportunidad de negocio que le brindaba esa información.
La deslealtad existe aunque la empresa competidora se constituyera meses después de terminar el contrato, porque ciertos deberes de buena fe se mantienen tras la extinción de la relación.
No era necesario que existiera un secreto empresarial ni una patente: lo reprochable es haber defraudado la confianza depositada.

La Audiencia condenó al consultor a indemnizar a nuestra clienta por el lucro cesante derivado de la pérdida del cliente, en una cantidad cercana a 50.000 euros.
El Tribunal Supremo
La parte condenada interpuso recurso de casación. El Tribunal Supremo lo ha inadmitido, declarando firme la sentencia, con pérdida del depósito e imposición de costas al recurrente.
Conclusión
Este caso demuestra que la competencia desleal no se limita a copiar marcas o robar secretos. Quien accede a la información de una empresa en el marco de una relación de confianza (un consultor, un asesor, un colaborador) no puede utilizarla después para competir contra ella. Enfocar correctamente la acción desde el principio fue decisivo para revertir la sentencia de primera instancia.
Si su empresa se encuentra en una situación similar, puede consultarnos en Cantó Abogados.

Cantó Abogados ha conseguido que la Audiencia Provincial de Valencia absuelva a nuestro cliente, acusado de los delitos de estafa y apropiación indebida. Las acusaciones pedían hasta 8 años de prisión y reclamaban más de 500.000 euros.
¿Qué había ocurrido?
Nuestro cliente fue nombrado judicialmente tutor de su padre, una persona mayor que ya no podía gestionar sus asuntos. Durante esos años administró los bienes de su padre bajo el control del juzgado y del Ministerio Fiscal, que aprobaron sus cuentas.
Tras el fallecimiento del padre, un familiar presentó una querella. Le acusaba de haberse quedado con el dinero de una cuenta bancaria de otro miembro de la familia ya fallecido, y de haberse apropiado de parte del patrimonio de su padre.
El juzgado archivó inicialmente el caso. Sin embargo, la causa se reabrió y, tras varios años de investigación, llegó a juicio.
La defensa
Desde Cantó Abogados analizamos a fondo toda la documentación bancaria y la contrastamos con un informe pericial económico. Con ello demostramos ante el tribunal que:

Nuestro cliente no podía realizar las operaciones que se le atribuían, porque no tenía autorización en la cuenta de la que salió el dinero.
El dinero no fue a parar a su patrimonio, sino a la cuenta de sus padres, que seguía abierta años después.
Su gestión como tutor había sido revisada y aprobada por los tribunales.

 
La sentencia
La Audiencia Provincial considera que no se ha practicado prueba que demuestre que nuestro cliente cometiera delito alguno y aplica la presunción de inocencia.
Este caso demuestra la importancia de estudiar cada documento con detalle. En los asuntos donde se mezclan cuestiones familiares, herencias y dinero, una buena defensa técnica marca la diferencia.
Ante una acusación de este tipo es fundamental contar con profesionales con experiencia que estudien el caso a fondo desde el primer momento. Si se encuentra en una situación similar, puede consultarnos en Cantó Abogados.

Cantó Abogados logra en una reciente sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal de Benidorm que se condene por un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con un delito de lesiones a un empresario y al representante de la administración pública que contrató los servicios de la empresa.
La sentencia basa su condena en que con la prueba practicada ha quedado acreditado que el EMPRESARIO no puso a disposición del trabajador los medios necesarios para que el trabajador desempeñara su actividad con las medidas de seguridad adecuadas poniendo en peligro grave su vida, salud e integridad física y como consecuencia se produjo un accidente que le provocó graves lesiones al trabajador. Por su parte, el ALCALDE, representante de la administración pública, se le condena como responsable por comisión por omisión al no haber realizado las disposiciones mínimas de seguridad y salud a los que estaba obligado como promotor y porque al conocer el riesgo no puso remedio para evitarlo.
Finalmente, se condena al pago de la Responsabilidad Civil a los responsables penales de forma solidaria, a la aseguradora de la administración pública como responsable civil directa y de forma solidaria con los condenados y a la administración pública como responsable civil subsidiario, toto ello por un importe superior a 300.000 euros.

 
A principios del año 2019, un hombre de unos 55 años de edad fue detenido en una localidad de la Marina Alta, tras un control de la policía en la vía pública en el que le encontraron 6 bolsitas de plástico con lo que podría ser cocaína y aproximadamente 400 euros, siendo posteriormente detenido por un presunto delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas.
El detenido fue puesto a disposición de la Guardia Civil, la cual tras prestar el detenido su consentimiento, se procedió a la entrada y registro en una vivienda propiedad de éste.
En el interior de la vivienda la Guardia Civil encontró y requisó 35 bolsitas de plástico que supuestamente contenían cocaína, un bote con marihuana y algunos utensilios que podrían ser indicios de tráfico de drogas.
Iniciado el procedimiento judicial, el detenido contrató los servicios de CANTÓ ABOGADOS para obtener la mejor defensa posible.
Tras estudiar el procedimiento en Cantó Abogados nos percatamos de una serie de irregularidades y por ello, se solicitó la nulidad de la entrada y registro en la vivienda, habida cuenta de que no se había practicado con todas las garantías exigidas por la ley, como es la necesaria asistencia del detenido por un abogado.
Es por este motivo que se declaró la nulidad de la entrada y registro del inmueble y, por tanto, todo lo encontrado en su interior fue declarado nulo y apartado del procedimiento.
Llegados a este punto al hombre únicamente se le podía juzgar por las 6 bolsitas que se le requisaron al detenerlo en la vía pública.
De nuevo, tras un nuevo estudio de las actuaciones llevadas a cabo en la detención, posteriores actuaciones judiciales y en el procedimiento de análisis de las sustancias incautadas, Cantó Abogados advirtió nuevamente una serie de irregularidades que impedían determinar la cantidad de droga incautada y válida.
Tras exponer las anomalías y los motivos que se consideraron pertinentes, CANTÓ ABOGADOS consiguió el sobreseimiento y archivo de las actuaciones con devolución del dinero incautado.
Es importante señalar la defensa de CANTÓ ABOGADOS, ya que en este tipo de procedimientos penales es trascendental conocer las actuaciones y procedimientos que deben seguirse para poder aprovechar cualquier actuación irregular en beneficio de nuestros clientes, como en el presente caso.

 
Paciente sometido a tratamiento psicológico que se precipita desde un tercer piso sufriendo graves lesiones por omitir el centro médico los protocolos de seguimiento del paciente. Inexistencia de prescripción de la acción al interrumpirse la misma por la presentación de la hoja de reclamaciones formulada por el perjudicado ante el hospital y no resolver éste la petición formulada en la hoja de reclamaciones, interrumpiendo la misma el plazo preclusivo.
La sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictamina la responsabilidad del hospital, en concreto la Unidad de psiquiatría al no obrar las medidas necesarias y evitar que el paciente enfermo mental se precipite por la ventana desde un tercer piso causándole lesiones graves. El paciente fue indemnizado tanto por los días de baja como por las secuelas causadas en el citado accidente.

 
Cantó abogados gana el recurso dictado por la Audiencia Provincial, Sección 8ª de Valencia, que confirma la sentencia dictada por el juzgado de 1ª Instancia de Gandía en el que se atribuye el uso de la vivienda familiar a la esposa hasta que la menor alcance la mayoría de edad, siendo la vivienda privativa del ex cónyuge y la guardia y custodia de la menor en régimen de custodia compartida.
Se trata de una sentencia muy destacable, habida cuenta que a pesar de estar en un régimen de custodia compartida, se le adjudica la vivienda a la madre. Además subrayamos que la adjudicación se ha realizado por un plazo de tiempo muy considerable de unos 12 años, cuando lo habitual es que se adjudique por un periodo corto de tiempo de unos 2 años.

 
Cantó Abogados logra una indemnización por Negligencia médica.
 
Cantó Abogados consigue una indemnización a los familiares de un paciente de la sanidad pública que vio reducidas sus posibilidades de sobrevivir a un cáncer, por una serie de negligencias médicas.
Para poder atribuir la responsabilidad a la Administración, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: La relación de causalidad o nexo causal que vincule el daño producido a la actividad administrativa de funcionamiento, sea éste normal o anormal,la infracción del criterio de la LEX ARTIS ad hoc, así como de los principios de deontología médica en qué consiste este criterio de normalidad.
Para llegar a estas conclusiones, Cantó Abogados se apoya en un equipo pericial de especialistas médicos que evalua la situación analizando el historial médico, las pruebas médicas, el paciente. etc.. para poder realizar un exhaustivo informe médico que de base a la posterior reclamación. 
En el presente caso, destaca que al paciente se le realizó una radiografía, la cual no se interpretó correctamente, obviándose una masa anómala y que por tanto, no se diagnosticara ni estudiara dejándose crecer, retrasando un posible tratamiento y reduciendo las posibilidades de sobrevivir del paciente.

 
Canto Abogados gana un procedimiento en el que se ejercita la acción de recobrar la posesión, respecto de una franja de terreno.  
 
Fundamos nuestra pretensión en el hecho de que nuestros clientes habían ostentando la posesión pública y pacífica de dicha franja de terreno, desde su adquisición en 1985, en que valló toda su finca, como los anteriores propietarios; hasta los actos de perturbación realizados por los demandados. Acreditamos nuestros argumentos en una extensa testifical y una pericial, dedicada exclusivamente a la posesión, pues en este procedimiento no se entra a valorar la propiedad. 
Frente a dicha pretensión se alzó la parte demandada, negando que la actora ostentase un derecho posesorio sobre la franja de terreno en cuestión; alegando los demandados que dicha franja de terreno forma parte de su finca y que la han venido poseyendo en el tiempo, por lo que no ha existido acto de perturbación o despojo alguno, ni animus expoliandi.
La sentencia resultó favorable en instancia para nuestros clientes. Declaró la existencia de la perturbación en la posesión y condeno a los demandados a cesar en su actuación y, en su caso, a reponer las cosas al estado anterior, sin perjuicio de ser realizado a su costa en caso de incumplimiento; con expresa imposición de costas. La sentencia fue ratificada por la Audiencia Provincia.

Estafa en la compra de naranjas.
 
Cantó Abogados, gana un procedimiento penal por delito de estafa contra el representante legal de una entidad mercantil dedicada a la compraventa de naranjas en la comarca de la MARINA ALTA y LA SAFOR. El administrador de la entidad mercantil ha sido condenado en sentencia firme a 3 años de prisión, de los cuales cumple condena, así como al abono de las cantidades adeudadas más los intereses legales.
 
La citada entidad se encontraba en situación de quiebra económica y a pesar de ello, con apariencia de normalidad seguía realizando contratos de compraventa de naranjas con agricultores, con la intención de venderlas y no pagar posteriormente al agricultor proveedor.
 
Esto son los llamados "negocios jurídicos criminalizados", lo que obliga a concretar en estos si una de las partes finge el propósito serio y definitivo de contratar y aparenta una solvencia y seriedad comercial que no coincide con la real, pretendiendo con todo ello obtener una contraprestación patrimonial, que oculta la intención de origen de no cumplir con los compromisos que le fueran exigibles, captando de ese modo la voluntad de la parte contraria, que se convierte en víctima de aquella maniobra, para acabar enriqueciéndose con las cantidades traspasadas en virtud del negocio fingido. La dificultad de incardinar la conducta falsaria -por la vía del negocio jurídico criminalizado- se encuentra en la línea divisoria entre el dolo penal y el civil. Para que pueda calificarse su conducta por la vía de la estafa, debe acreditarse que aquel propósito fraudulento lo tuviera con anterioridad o como máximo coetáneo al momento de la contratación; no siendo así, podrá reprochársele un dolo de carácter civil en aquellos supuestos en que el incumplimiento de las obligaciones asumidas se sustente en un dolo sobrevenido.

 
Cantó Abogados gana un procedimiento de resolución del contrato por incumplimiento contra una promotora por el retraso en la entrega de la vivienda.
 
Resolución del contrato por incumplimiento. Carácter esencial del plazo de entrega.
 
La cuestión principal del citado procedimiento versava sobre la consideración o no del carácter esencial del plazo de entrega de la vivienda.
La promotora y la compradora, habían pactado un plazo de entrega de 30 de meses. Sin embargo, la promotora no ofreció la vivienda terminada hasta pasados más de cuatro años del plazo acordado. 
La promotora por su parte basaba su oposición, por un lado, en que no se había pactado el carácter esencial del plazo y por ello, no se podía pretender la resolución del contrato, además, argumentaba que como la compradora era una sociedad el retraso en la entrega no le suponia un perjuicio.
Por otro lado, planteaba que la compradora era la incumplidora del contrato y por tanto, no podía pretender beneficiarse de la resolución del contrato la parte incumplidora, pues consideraba que habia puesto la vivienda a disposición de la compradora y esta no había abonado el precio. 
Por nuestra parte consideramos que el hecho de pactar por medio de contrato un plazo de entrega ya es indicativo de su importancia, además el plazo de entrega es una obligación esencial y carácterística del vendedor. Asímismo, consideramos que un retraso de 4 años, es un incumplimiento grave y esencial el cual puede dar lugar a la resolución del contrato pretendida y que no puede verse perjudicado por el hecho de que la compradora sea una sociedad y no un particular, pues supone igualmente un perjuicio relevante. 
Respecto a la consideración de la compradora como parte incumplidora, resulta inverosimil, pues esta realizó todos los pagos pactados en tiempo y forma, mientras que la vendedora se retraso más de 4 años en la entrega de la vivienda. Por tanto, la parte cumplidora es la que pretende la resolución del contrato (1.124 CC).
Por todo ello, la sentencia estima la resolución del contrato y condena a la vendedora a la devolución de la cantidad entregada a cuenta y asísmismo condena al abono del interés legal devengado desde el primer requerimiento resolutorio extrajudicial.